Reunión AN 20160201, comisión CyT

Palabras de inicio

Buenos días, diputados miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Somos: Luis Martínez, Héctor Colina, Nerissa Aguilera, Carlos González y Alexis Anteliz; hemos sido elegidos por una parte significativa de las Comunidades de Software Libre, en donde conviven diferentes tipos de pensamiento tecno-político, y que hacen vida en diversas áreas de la producción de tecnología. Se ha pedido esta reunión con motivo al resultado de la sesión de la comisión con personal de la Alcaldía de Valencia y académicos informáticos con relación a la implementación de la Ley de Infogobierno y sus dificultades para la migración, aduciendo entre otras cosas, pérdidas económicas.

La primera versión del proyecto de ley que tratara el tema de las TICs en Venezuela, comienza a discutirse en el 2003 después del paro petrolero, donde se demostró que nuestra principal industria dependía y era manejada por empresas trasnacionales del área TIC, lo cuál devino en sistemas saboteados para la paralización de la industria basado en intereses económicos de estas a pesar de haber cumplido con los deberes nuestra industria nacional. Despues de unos meses de redacción se introduce en la asamblea nacional el 26/10/2004, el nombre que tenía ese proyecto era Ley LUTIE (Ley para el Uso de Tecnología de Información en el Estado), Esa versión tenía por objeto establecer los principios rectores, objetivos lineamientos y normas que regirán la organización y funcionamiento para el uso de tecnologías de información en el Estado, así como establecer los mecanismos que impulsarán su extensión y desarrollo en todo el ámbito nacional. Fue introducida por los diputados: Luís Tascón Gutiérrez, María Iris Varela Rangel, Oscar Pérez Cristancho y Angel José Piñango. Fue devuelta a la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social en la sesión del 01/03/05, con la finalidad de revisar el referido proyecto. A partir de allí se realizaron una serie de discusiones a lo largo y ancho de la geografía nacional, se discutió el proyecto con representantes de todos los sectores más de un mes, pero nunca se logró la aprobación en segunda discusión del proyecto en sesión parlamentaria. Años después y gracias a los cables de wikileaks se supo que el diputado Luis Tascón, encargado de la redacción de la Ley, acudió al Foro de Liderazgo Global en Washington, como invitado de Microsoft y se reunió con Bill Gates. Este diputado apoyaba a las comunidades de Software Libre, pero luego de este viaje, cambió de opinión y se paralizó el proceso de discusión. Luego del 2006 se realizaron varios intentos y hasta nuevas redacciones pero esta discusión no prosperaba porque, no hay que ser ingenuos, existen grandes intereses económicos detrás de una ley como esta. El software libre representa una mejora enorme en términos de seguridad, costo/efectividad, transparencia en el manejo de los datos y control de la propiedad del software en contraposición al software privativo.

Hay que estar conscientes de la realidad global de un mundo en el que se admite cada día con mayor fuerza, que el conocimiento libre es posible y necesario. Hoy las tecnologías de información libre no están circunscritas a un Estado o forma de gobierno en particular, ni siquiera a un modelo económico exclusivo. Las empresas y gobiernos se han venido apoyando de manera creciente en las tecnologías libres debido a su superioridad técnica -- comprobable además al poder inspeccionar su código fuente --, el ahorro de costos y la ventaja de protocolos abiertos desarrollado en conjunto por diferentes partes interesadas -- tanto comunidad, empresas y gobierno -- de los cuáles en el país se cuentan con varios casos de éxito en este aspecto.

Por ende, quisiéramos conocer de primera mano cuáles son las inquietudes que se tienen para proponer una reforma a la Ley de Infogobierno en la cuál se busca favorecer un modelo mixto y dar respuesta a las que estén a nuestro alcance en este momento, así como poder ampliar en ocasiones subsiguientes en caso de requerir consultar a otros de las partes interesadas.